Un Tema ¿Definitivamente? Cerrado

Esperamos que esta sea la última vez que se deba tratar el tema de las Retenciones Móviles a las Exportaciones, la interrogación del título va de suyo pues el Gobierno lejos de mostrarse de acuerdo con los hechos de una votación adversa en el Congreso Nacional se ha mostrado molesto con el resultado, y no sería de extrañar que pese a todo vuelva a la carga en otro momento a pesar de los graves costos que el conflicto generado ha traído a la población toda.

En otra entrada hemos tratado los problemas Constitucionales de la medida intentada, ahora daremos algunas consideraciones sobre las dos principales razones "políticas" con las que se ha intentado justificar el accionar inconstitucional de las mismas.

Control de los precios domésticos y defensa del salario real:

Este argumento se basa en que ante un aumento de precios internacionales de los productos agrícolas o de su ingreso en moneda doméstica dada una devaluación de nuestra moneda, al exportador le conviene exportar salvo que también aumenten los precios para el consumo interno.

Este argumento adolece de varios defectos. Téngamos en cuenta que las retenciones surgen, como consecuencia de la devaluación de 2002 (lo que se llama 'devaluación compensada'). Así vemos que se devalúa la moneda para incrementar las exportaciones (ser competitivos se dijo en su momento) y al mismo tiempo se aplican retenciones que 'disminuyen las exportaciones', generándose una verdadera contradicción. Por eso, se ha sostenido que resulta irrisorio aplicar retenciones para evitar la caída del salario real de los trabajadores cuando esas retenciones surgen de una devaluación de la moneda que es la primera causa de la caída del salario real.

Para cubrir las necesidades de los sectores carenciados:

Este argumento ha sido refutado por los analistas económicos, quienes han dicho que los problemas que viven los sectores más humildes que se concentran en las zonas marginales de las grandes urbes no son más que la consecuencia del 'no apoyo' gubernamental a las poblaciones del interior del país, es decir ante la falta de polícas que fomenten la economía del interior se prduce una migración hacia las grandes urbes.

Fianlmente una tercera consideración, que bien puede ser la real:

Un fin exclusivamente recaudatorio:

Se trata de un impuesto que tiene un bajo costo de recaudación, que se trata de una medida directa, fácil, cómoda y que, sin mengua de la incidencia que genera sobre la eficiencia de la economía general, en definitiva molesta a pocos contribuyentes y produce una amplia recaudación. Es decir tiene lo que se denomina efecto "anestecia" pues no se siente en el bolsillo del general de la gente y produce buenos resultados, claro que en este caso alguien (el pueblo) dijo basta y no estuvo deacuerdo en soportarlo.

Además debe analizarse el destino que se da a los fondos así recaudados, pues dada la magnitud de la recaudación, se crea una verdadera rigidez en tales recursos, que por la facilidad con que se recaudan, se convierten en indispensables para el erario público. Si el Estado no produce una reestructuración del sistema impositivo con la finalidad de ir produciendo el reemplazo de las retenciones por la recaudación de impuestos tradicionales se convertiran en algo fundamental para él, por ejemplo cuando se "inventó" el "impuesto al cheque" (antieconómico si los hay) era por emergencia y tiempo limitado, sin embargo de ahí en más ninguno de los gobiernos que le siguieron lo derogaron por los reursos que perdería el erario público. Lo mismo pasa con las retenciones que desde que se originaron en 1967, impulsadas por Adalbert Krieger Vasena tras una devaluación del 40% (la misma que originalmente se realizó en 2002), y tras su reaparición con el gobierno de Duhalde (habían dejado de existir con la convertibilidad) solo han sido aumentadas año tras año ampliando su importancia en la torta total de lo recaudado (las retenciones aportaron en 2007 el 10% de la recaudación tributaria, pero con el aumento de la aícuota se calcula que habrían alcanzado el14,25%, al respecto los números son más que tentadores para la voracidad fiscal pues en 2008 las exportaciones totales ascenderían a US$ 63.000 millones, de los cuales los embarques de granos, aceites y subproductos (alcanzados por la resolución 125) rendirían alrededor de 31.000 millones de dólares aportando un voluminoso 48% de ese total).

Para cerrar este punto, hay que decir que todas las consideraciones financieras que se han sostenido para validar la aplicación del gravamen en estudio, pasan por alto las asimetrías que se producen en los sectores productivos. En efecto, las retenciones disminuyen el tipo de cambio real que reciben los productores, al tiempo que deben hacer frente a la compra de sus insumos afectados por un tipo de cambio real más alto habida cuenta que las importaciones se cursan por el tipo de cambio nominal acrecentado por los aranceles correspondientes. Así, los productores ofrecen divisas a un tipo de cambio más bajo que el tipo de cambio al cual las demandan. Téngase en cuenta, por otra parte, y a modo de ejemplo, que los fertilizantes, semillas, maquinarias, etc., que debe adquirir y/o contratar el exportador para poner en funcionamiento el aparato productivo tienen su valor en dólares, configurándose así una severa distorsión.

Para quien quiera profundizar sobre el tema puede recurrir a: "Las retenciones a la exportación ¿Un impuesto inconstitucional? Autor: Sanabria, Pablo D. Publicado en: LA LEY 18/03/2008, 1", artículo del cual hemos tomado algunas consideraciones, amén de la Constitución Nacional y GIULIANI FONROUGE, Carlos M., "Derecho Financiero" Edit. Depalma, Buenos Aires.

La Sensación Térmica Y La Realidad

El Ministro de Justicia, Seguridad Y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, afirmó el pasado 23 de julio en declaraciones a Radio 10, que Argentina "es el país más seguro de América Latina", y consideró como "una estupidez rayana con la locura" a una encuesta internacional que situó a Buenos Aires como una de las ciudades más inseguras de la región. Fernández salió a cuestionar de esta forma el ránking que publicó la consultora internacional Mercer, en el cual Buenos Aires figura por debajo de la mitad en el listado de ciudades"seguras". "Si (la encuesta) es respecto a la seguridad, le rajaron de medio a medio. La Argentina debe ser uno de los países más seguros de América. No tengo ninguna duda de eso", enfatizó el ministro (uno de los funcionarios más cuestionados por la opinión pública, y habrá que pensar que muy probablemente sea por este tipo de declaraciones).

Seguidamente argumentó que él habla en base a "datos objetivos" que existen respecto a los "homicidios dolosos, que son inevitablemente demostrables, porque siempre se hacen públicos", en comparación con las ciudades más importantes de todo el mundo, claro está que con los datos objetivos con que por ejemplo en el gobierno miden la inflación la ciudadanía tiene más que suficiente para indignarse.

Según la encuesta elaborada por Mercer, Buenos Aires quedó ubicada en el puesto número 134 entre 215 ciudades, bastante por debajo de la mitad. Probablemente el principal problema que ve el gobierno en el ránking es que éste, junto a otras variables, es utilizado por Mercer para armar su ránking de calidad de vida, donde Buenos Aires ocupa el puesto 78 muy por debajo de lo que solía ocupar una década atrás. El gobierno se desvive para publicitar sus "logros" en materia social, los cuales son buenos en comparación a la eclosión de pobreza posterior a la crisis del 2001, pero cada vez se hace más evidente que el empleo poco calificado, que es el que más crece, y los sueldos mucho más bajos que en el 1 a 1 y que ahora corren cada vez con más esfuerzo detrás de la inflción no son suficientes como para tener una imagen positiva.

Sobre la forma de medir el ránking, Ayarí Jiménez especialista de capital humano de Mercer México, declaró en un matutino que "Uno de los factores de mayor peso para analizar la calidad de vida de una ciudad es el ambiente político, económico y social", además la especialista explicó que "la seguridad personal se relaciona con ese factor y se mide en función de la estabilidad interna, los índices de criminalidad, la aplicación efectiva de la ley, las relaciones con otros países y la facilidad de entrada y salida al país"

Qué se puede agregar a ésto, los últimos cuatro meses dan la razón a la encuesta, el ambiente político dista mucho de ser el normal, con el matrimonio presidencial haciendo acto político tras acto político (de Gobernar de acuerdo a la Constitución Nacional, soucionando los problemas de la gente ni hablemos), las rutas cortadas y el gobierno (en sus tres niveles nacional, provincial y municipal) imposibilitado de despejarlas porque durante años alentaron ese tipo de comportamiento inconstitucional para sacar rédito a sus fines (y la administración no puede alegar su propia torpeza, podríamos agregar este principio del derecho administrativo para ser un poco sarcásticos en el tema), las relaciones políticas con el exterior son pésimas salvo con Venezuela, a la cual por cierto le pagamos intereses por sus préstamos varias veces superiores a los que pagámos al FMI tan vitupeado por los políticos oficialistas y pagamos su combustible a precios varias veces mayores que el que permitimos a las petroleras radicadas en argentina que responden como es normal sin invertir un peso, es decir pagamos mucho más de deuda pero a "nuestro amigo socialista siglo XXI", en Gualeguaychu hay desde hace años una frontera paralela controlada por los asambleistas contrarios a la instalación de Botnia en Uruguay, los cuales deciden si se puede o no salir del país por esa frontera de acuerdo a su peculiar apreciación de las circunstancias.

Y en cuanto a criminalidad, estamos llegando al colmo, la delincuencia, tantas veces justificada por ser víctimas del sistema, ha perdido todo respeto (o miedo) por la policía, no solo delinque sino que cada vez es más notorio que los efectivos del orden no les causan otra cosa sino risa. Como ejemplo doy uno cercano mí, el día 24 por la mañana le robaron la bicicleta oficial con la que hacía su ronda de vigilancia, a una oficial de la policía bonaerense mientras estaba en un comercio, si nos ceñimos al discurso presidencial probablemente ésto haya sido porque es mujer y el delincuente se quería aprovechar, la realidad es que robar a la policía es un aliciente más para los malvivientes que se sienten a sus anchas en un sitema que termina amparándolos por ser "víctimas" del mismo, donde son amparados por fiscales que dejan libres a los detenidos a las pocas horas, sea cual sea su delito y aún cuando han sido atrapados in fraganti (sólo así puede actuar la policía, de lo contrário necesita una orden judicial), y en las exepciones en la que llegan a juicio los jueces los liberan o les dan penas irrisorias, las cuales no se cumplen pues otros jueces luego otorgan beneficios como libertad condicionada o salidas para trabajo, etc., etc., etc. y cuando no lo hacen por el peligro que atañe a la sociedad, los delincuentes se las otorgan ellos mismos como en el cercano caso de el tractorcito Gimenez que se fugó porque no le daban la libertad condicionada.

De modo que una vez más parece que el gobierno vive en una burbuja, que ve la realidad como en la alegoría de la caverna, distorcionada por las sombras que produce el fuego en el interior de la misma solo se ven figuras retorcidas, y cuando algún integrante de la caverna sale a la luz del día y ve la realidad tal cual es descree de ella por ser diferente a lo que está acostumbrado a ver. Desde el gobierno podrán seguir insistiendo en que la inflación, la seguridad, la falta de empleo (ARBA, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, llamó a examen para Inspectores, no puestos de alto nivel profesional, además eran para contratos, es decir en negro, y por un sueldo que podría alcanzar los $ 2.000 estando de guardia inclusive los días domingos y feriados cuando hiciera falta, a la misma se presentaron entre 10.000 y 20.000 postulantes, si no faltara el trabajo, un abogado, un contador o un agrónomo no estarían peleando por ese puesto poco calificado en relación a sus estudios y con una remuneración mínima.) y tantas otros problemas son "sensación térmica" pero sería bueno que a fuerza de darse con una pared comiencen a ver la realidad con la luz del día y no la de la caverna.

La hora del Congreso (¿estarán los legisladores a la altura de la historia?)

Esta semana comenzó a tratarse en el debido recinto el tema de las retenciones móviles a las exportaciones (en el Congreso Nacional es donde, por imperio de la Constitución Nacional, desde un primer momento se debió analizar el tema y no en un despacho de un Ministerio del Poder Ejecutivo).

Los legisladores tienen ante sí la posibilidad histórica de ejercer los poderes que la Constitución les otorga y no ser, como casi siempre a lo largo de los últimos ochenta o noventa años, meros notarios bajo relación de dependencia del Poder Ejecutivo de turno. La semana comenzó extraña, primero la instalación de carpas, sin previo aviso a las autoridades, de parte de seguidores del Frente Para La Victoria para evitar que las entidades del campo hagan lo propio luego de haberlo anunciado a los cuatro vientos, luego la Señora Presidente recibe a las cuatro entidades del Campo luego de haberlas hostigado sin tregua en cada ocasión que tuvo un micrófono delante y haberlas evitado en momentos de negociaciones meses atrás (claro que podemos interpretar que la realidad es que el Gobierno ha entendido que solo mediante el dialogo, verdadero y no desde el mero discurso vacío de un escenario político, se puede llegar a buen puerto, y no que solo lo hizo para evitar que a esa hora los dirigentes del agro estén en el Congreso "metiendo presión" con su presencia a los diputados). El día martes la cosa no cambió con la presencia de Eve de Bonaffini, junto a D'elia y la Madres de Plaza de Mayo uno de los pilares de apoyo del Gobierno, en el Congreso diciendo que defenderá con su vida "las retenciones", pero más allá de esto serán los diputados y los senadores quienes decidirán la suerte del tema que ya se tomo un víctima en el acto oficial de Plaza de Mayo y provocó que por primera vez en la historia un Presidente no viaje al acto principal del Día de la Bandera en Rosario por miedo a un repudio público.

Ahora bien, unas consideraciones sobre el tema.

1º) Las leyes que ratifican resoluciones o decretos inconstitucionales no purgan dicho vicio, como lo declaró la Corte Suprema de Justicia en el caso “Franco” de 1999 (Fallos 322:1868) y en otros pronunciamientos. De modo que aún en el caso de que el Congreso actúe como acostumbra hacerlo, es decir de notario, la inconstitucionalidad de la resolución 125, y las otras tres complementarias, del Ministerio de Economía seguiría siendo palmaria.

2º) Tal vez concientes de la inviavilidad del proyecto anunciado por la Presidente, es decir que la ley se vote tal y como se la envió, sin tratar punto por punto, el Jefe de Gabinete Alberto Fernández envió el proyecto no a la Comisión Bicameral Permanente, como corresponde hacer en los casos de los decretos que aprueban leyes delegadas (art. 76 y 100 inc. 12 y 13 de la Constitución y ley 26.122), y según sostiene el Gobierno es el caso, sino que lo envió a Diputados, que es la Cámara de origen de las leyes tributarias. Claro que, salvo que se quisiera seguir embrollando el tema, tampoco podía imprimir ese trámite convalidatorio como decretos que aprueban leyes delegadas ya que era demasiado obvio que no se trataba de decretos presidenciales, que en estos casos deben llevar la firma de todos los ministros, sino de resoluciones de solo uno de ellos.

3º) Es facultad exclusiva e indelegable del Congreso, y prohibida al Ejecutivo, el establecer derechos de exportación e importación, tarifas aduaneras, impuestos, aranceles, retenciones u otros gravámenes (arts. 4, 9, 17, 75 inc 1, 76, 99 inc. 3 de la Constitución).

4º) Este tipo de innovación tributaria está, además, vedada al mismo Poder Legislativo, antes que se dicte la postergada ley de coparticipación federal (que debió aprobarse antes de 1996, según la Disposición transitoria sexta).

5º) El Tratado de Asunción prohibe disponer retenciones en las transacciones entre los países que integran el Mercosur.

6º) Las alícuotas de las retenciones móviles fijadas por dichas resoluciones son confiscatorias y, por tanto, inconstitucionales, por exceder el 33 por ciento de lo gravado (art. 17 de la Constitución), según la jurisprudencia pacífica de la Corte Suprema de Justicia.

7º) Un obstáculo final que debe atravesar el proyecto es que el 27 de marzo, se rechazó en diputados un proyecto de la oposición para derogar las resoluciones en puga por 132 votos contra 26, y la Constitución Nacional (¡otra vez la Constitución Nacional!) los proyecto rechazados no pueden ser tratados nuevamente en el mismo año (art. 81), de modo que solo modificándolo se podría llegar a subsanar su palmaria inconstitucionalidad.

Así están las cosas las próximas semanas nos dirán como siguen.

CRISIS GOBIERNO – CAMPO

Desde la suba de la alícuota de las retenciones al las exportaciones impulsada por la Administración de Cristina Fernández de Kirchner del 35 % al 44 % la relación entre el Gobierno Federal y el campo se tensó, tensión que llegó a un punto crítico luego del discurso de la primera mandataria el día martes 25 de marzo, discurso por demás soberbio (en el peor sentido de la palabra pues lo que se espera de un mandatario es otra cosa, una intención de acordar; de concertar, como proponía la presidente en la campaña electoral, y no de agredir para sostener una posición tomada. Nada más lejos de la máxima otorgada en el siglo XIII por Juan Sin Tierra a sus subditos, y que lleva siglos de vigencia en el derecho ingles y desde éste en todos los paices desarrollados "No Taxation Without Consensuation" (No hay impuesto sin consenso).
El gobierno sostiene que el sector agrario es “el gran beneficiario” de la política económica sostenida desde la salida de la crisis de fines de 2001, y por ello es justa la suba en las retenciones, aduciendo que con los fondos por ellas recaudado se realizan tareas de “redistribución” y “obra pública”.
Ahora bien, cuando se habla de redistribución de la riqueza existen métodos más directos y eficaces para hacerlo (y esto dando como cierta la lejana posibilidad que la forma de redistribuir argumentada mediante las retenciones por la administración Fernández de Kirchner de resultados), y estos son básicamente los impuestos sobre los bienes personales y a las ganancias (impuestos directos por excelencia y que como tales permiten gravar al sujeto que más tiene no afectando a los sectores de menores ingresos sin tener que crear comisiones de estudio para ver a qué pequeños productores se los subsidia pues se ven injustamente afectados por las retenciones “pensadas para los que obtienen ganancias siderales”) y consecuentemente con la imposición directa se emplea la disminución de impuestos indirectos como el I.V.A. (que afectan en menor forma a los que proporcionalmente menos consumen, es decir los que más ganan puesto que pueden ahorrar mucho más).
Sin embargo esta no parece ser la idea de acción del gobierno (ni lo fue de los anteriores por cierto), se sostiene un tipo de cambio artificialmente alto para permitir la “competitividad” de los productos argentinos en el exterior, pero claro como esto implica una devaluación de los salarios de bolsillo internos se crea una interminable red de subvenciones y barreras a la exportación/importación para mantener los precios internos a niveles más bajos que los internacionales. Este sistema no es la primera vez que se intenta y tampoco es la primera vez que fracasa, el otorgamiento de subsidios a mansalva detrás de problema y no como incentivo a un área de la economía débil o inexistente solo crea negociados entre los beneficiarios y los otorgantes. Así hay sectores beneficiarios y muchos otros más perjudicados por esta política y se trata de tapar los desfasajes con mentiras publicitarias, la mayor de las cuales es el sistema de mediciones del I.N.D.E.C. (aunque teniendo en cuanta que cada punto de inflación equivale a 150.000 argentinos nuevos pobres y 30.000 nuevos indigentes se entiende la insistencia oficial en que el sistema es transparente)
La Constitución Nacional contiene una cláusula llamada del progreso (artículo 75 inc.19), mediante la cual el contituyente “ordena” a los gobernantes que se hagan obras y fomenten industrias, y a nadie le cabe la menor duda que la mejor forma es mediante subsidios e incentivos fiscales pero las políticas de correr detrás del problema como la sostenida por la actual administración tratando de tapar agujeros con subsidios a cada producto que aumenta demasiado comienza a notarse verdaderamente desastrosa.
Volviendo al tema de la redistribución del ingreso podemos arriesgar que el problema verdadero es el siguiente, dado lo dispuesto por el artículo 75 inc. 2 de la Constitución Nacional los impuestos directos son coparticipables salvo el caso de tener asignación específica, (amén de los problemas de la coparticipación federal y los atrasos inconstitucionales en la sanción de la ley definitiva al respecto que exige la Constitución Nacional ya mencionados en otro artículo de esta página.), en tanto que los ingresos de aduana, como lo son los de las retenciones, son exclusivos del gobierno federal por lo dispuesto por el artículo 4º de la Carta Magna. De esta manera el Poder Ejectivo (quien en los últimos años gracias a la también inconstitucional delegación legislativa en materia presupuestaria) los puede repartir a su antojo utilizándolos para “felicitar” o “castigar” a los distintos gobernadores según sean “fieles” o no a sus políticas.En resumen el gobierno sostiene una política económica que según el mismo beneficia desorbitadamente a un sector de la economía en detrimento de los otros, entonces crea impuestos netamente distorsivos para “solucionar” esa desproporción en los beneficios económicos, los cuales crean nuevas situaciones injustas debido a que afectan por igual a mayores y menores beneficiarios, por lo cual luego crea un nuevo sistema de compensación que, como circulo vicioso que se trata, generará nuevos desfasajes en otros sectores de la economía para los que creará nuevos sistemas de compensación. La razón es tan obvia que parece pasar desapercibida, acumular poder político en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional gracias a poseer ya no la billetera más gorda sino la única. La Constitución Nacional da soluciones a los problemas como éste pero como en gran parte de nuestra historia ésta es solo una linda fuente de discursos para campañas publicitarias.

BARBA ROJA; AZUL; SATURNO; URANO Y LOS GOZNES DE LA HISTORIA:

En estos últimos días se cumplieron dos aniversarios trascendentes a nivel de la historia mundial moderna, el primero trágico, el 30 de enero se cumplieron setenta y cinco años de la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido por su abreviatura en su idioma de origen como NAZI. El segundo, más esperanzador, marca el inicio de la debacle de la era de oro de dicho partido, días después del décimo aniversario de la revolución nazi, cuando Hitler se vanagloriaba de sus triunfos militares, que le permitían al Tercer Reich gobernar imponiendo el terror desde las heladas tierras de los países Bálticos hasta los calurosos desiertos del África septentrional de norte a sur; y desde las islas del Canal de la Mancha hasta la línea del frente oriental que iba desde San Petesburgo (Leningrado en aquel momento.) hasta los campos petroleros del Caucaso pasando por los suburbios de Moscú y Volgogrado (llamada en aquellos grises años de Rusia Stalingrado en “honor” a su dictador, no menos sanguinario que su par alemán del cual fue aliado por mucho tiempo.) de oeste a este. El 2 de febrero se cumplieron sesenta y cinco años de la rendición del VI Ejército Alemán comandado por el Mariscal Friedrich von Paulus, caía el denominado ejército invencible de la Wehrmacht y comenzaba la debacle de las potencias del Eje.
Los dictadores Hitler y Stalin habían sido aliados hasta que la impotencia por no poder doblegar a Gran Bretaña en el frente occidental (tras el fracaso en la batalla aérea de Inglaterra los ejércitos alemanes no podían soñar con una invasión a las islas pues la Kriegsmarine nunca había culminado su plan de armamento, denominado plan Z, y por ello debían conformarse con los ataques de los bombardeos de la Luftwaffe.) y la desesperante baja en las reservas de petróleo llevaron a Hitler, llamado por los alemanes “El estratega más grande de la historia”, a desoír lo que el Alto Mando (salvo Jodl y Keitel) le aconsejaba: el Reich no estaba preparado para una guerra de múltiples frentes.
Barba Roja era el nombre en clave para la invasión a Rusia por parte de la Wehrmacht, y los hechos parecían dar nuevamente la razón al Führer, la principal preocupación parecía ser dónde alojar a los prisioneros del ejército rojo que dejaba la campaña pues eran cientos de miles y no la resistencia del enemigo. La situación era tal que Stalin, en una de esas órdenes típicas del autoritarismo, prohibió la rendición de sus tropas bajo la pena del encarcelamiento de todos los familiares de los que cayeran en manos alemanas. Claro que cuando el capturado fue su hijo modificó la ley encarcelando solamente a su esposa.
Azul fue el nombre clave para la fase final de la guerra en Rusia, todo hacía prever que donde el “alma mater” del dictador alemán, es decir Napoleón, había fracasado él vencería Rusia a diferencia de la Grand Armè francesa no sería la tumba del imperio sino que pronto sería parte del Reich. “Russland ist kaputt” fue la propaganda del Führer hauptquartier (Cuartel general de la OKW, el Alto Mando Alemán.) En julio de 1942, el día 23, Hitler ordenó la toma de Stalingrado, polo industrial productor de armamento y maquinaria pesada rodeado de zonas cerealeras, gran vía fluvial y último bastión soviético para la defensa de los fundamentales campos petroleros del Cáucaso.
Sin embargo la defensa de la ciudad mediante la guerra de guerrillas, un tipo de guerra que con acierto del Alto Mando alemán se había evitado en Moscú, fue algo para lo que la Wehrmacht no estaba preparada y las victorias rápidas que habían sido una constante hasta ese momento quedaron en el olvido. La batalla fue brutal 740.000 muertos y heridos y 110.000 prisioneros de guerra por el lado alemán, y otro tanto en los ejércitos italianos y rumanos de apoyo. Por el lado soviético las cosas fueron aún peores 750.000 soldados muertos, heridos y capturados, y cerca de medio millón de civiles de Stalingrado muertos debido a la prohibición de Stalin de abandonar la ciudad para alentar a todo el pueblo soviético con la valentía de los habitantes y los constantes bombardeos de los alemanes. Cabe decir que de los más de doscientos mil prisioneros entre alemanes, Italianos, rumanos y demás nacionalidades; poco más de veinte mil volvieron a sus hogares después de la guerra, la mayor parte pereció en los campos de prisioneros de Siberia.
Pero la tardanza en parte por indecisiones de von Paulus y parte por la tenaz resistencia soviética dio respiro a las debilitadas tropas del ejército rojo con refuerzos de hombres y material de los interminables territorios del este (como un Mariscal de Campo, que terminó degrada por esa falta de respeto al Emperador, le había dicho a Napoleón ciento treinta años antes Rusia no termina en Moscú, recién empieza en los Urales.) El Mariscal Zhukov, vencedor de los japoneses en Manchuria rápidamente vio el punto débil del enemigo, el puente de abastecimiento entre el Don y el Volga, que llevaba diariamente las quinientas toneladas como mínimo que necesitaba el ejército de Paulus era defendido por Italianos Rumanos y Hungaros, se diseñó Urano, el gran contraataque que terminaría con los alemanes, la primera fase fue denominada Saturno y consistió en atacar a los ejércitos títeres del Reich, éstos menos profesionales y equipados casi no pudieron oponer resistencia y el ejército rojo rodeó al VI ejército alemán en torno a Stalingrado en un Kessel, una suerte de bolsa de dónde no se podía salir. Sin embargo las fuerzas del VI ejército podían forzar una salida, pero ello implicaba retroceder hacia el Don, el Comandante del Grupo de Ejércitos del Don, Mariscal de Campo Erich von Manstein (quien había derrotado a los ejércitos franceses en cuestión de meses) también lo entendía así, pero no era de la misma opinión Hitler que ordenó resistir hasta el último hombre. Cuando se le informó el problema del abastecimiento Goering (que deseaba a toda costa congraciarse con el Führer) intercedió asegurando que la Luftwaffe podía abastecer el kessel por aire a través de los aeropuertos que dominaba el VI ejército por lo que la retirada no era necesaria y pasado el invierno se podría contraatacar. Así las cosas el VI ejército permaneció sitiado, no obstante se diseño un plan alternativo de evacuación llamado Trueno que nunca se llevó a cabo, sí hubo un intento de asistencia mediante la perforación del Kessel mediante la operación Tormenta de invierno, pero ésta fracasó por la llegada de refuerzos soviéticos y la orden de no retroceder del VI ejército para unirse a los grupos panzer de ayuda hacia el 23 de diciembre el 57º cuerpo panzer comandado por el General Kirchner había logrado una cabeza de puente enVasilevska, en el río Mishkova, pero el posible ataque soviético al Grupo de ejércitos A en el Cáucaso provocó que se ordenara su retirada. La Luftwaffe nunca pudo trasladar los quinientas toneladas diarias de abastecimiento al kessel, unas veces por el tiempo y otra por la cantidad de aviones necesarios, el VI ejército fue perdiendo la moral por falta de municiones y víveres sumado al extremo frío del invierno ruso. Hasta fines de diciembre el kessel podría haber sido roto pero en enero ya todo intento era en vano. Finalmente el 4 de febrero, ante la negativa de la opción Trueno, y la imposibilidad de Tormenta de invierno, el flamante Mariscal von Paulus se rinde en los grandes almacenes Univermag, el invencible VI ejército alemán había muerto en las mismas estepas que la Grand Armè francesa. Antes Hitler en una muestra más de su cinismo había ascendido a von Paulus a Mariscal esperando que éste se suicide pues hasta aquel momento ningún Mariscal de Campo Alemán se había rendido al enemigo. En ese momento, como dijo Winston Churchill la historia “giró los goznes del destino”, comenzaba el final del III Reich.

Tardío saludo de Año Nuevo

Hola amigos, por diversos problemas hacía mucho que no escribía pero ante todo quiero decearles que tengan un muy buen 2008.

El Traspaso de la Policía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En los últimos días comenzó a calentarse una disputa que se convertirá en eje de discusión en los próximos meses, el traspaso de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal a la órbita del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la discusión aparecen dos claras variantes, por un lado la variante política, en la cual los dos sectores en pugna buscarán mostrarse más fuerte que el rival. Por otro lado aparece la variante que debería primar y la que de una vez por todas debería ser la que rija nuestro destino como Nación, la que impone claramente la Carta Magna en su artículo 75 inciso 2º (y decimos impone porque la Constitución Nacional impone reglas, no existen normas “programáticas” como muchos sectores Pseudos-progresistas suelen sostener para evitar tener que realizar políticas que no son de su agrado, todo el articulado de la Constitución Nacional es operativo, debemos madurar como Nación y entenderlo y exigirlo así. Debemos reclamar que los gobernantes cumplan con lo que los constituyentes les ordenaron en nombre de toda la Nación.)
Pero antes de contemplar lo que ordena la Constitución Nacional hay que aclarar un punto que ciertos personajes han intentado imponer, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no pretende que las Provincias financien su policía en el futuro por dos motivos, primero la Superintendencia Metropolitana ya existe y se financia por la Nación como herencia del viejo sistema constitucional donde la Ciudad no era Autónoma sino que dependía de las autoridades Nacionales, por lo tanto es mentira que si se traspasan los fondos necesarios para su funcionamiento se le quita dinero a las Provincias, no se puede quitar lo que no se tiene, y en ese orden de ideas con el traspaso de la policía sin los fondos actuales de financiamiento se le quitan recursos a la Ciudad Autónoma. Segundo porque la Coparticipación Federal, es decir la forma en que los distintos niveles de gobierno (Nacional, Provincial y Municipal) se reparten los ingresos tributarios, ya contempla en el mismo Artículo 75 inc. 2 la equidad y solidaridad en el reparto de fondos, y en virtud de ello la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aporta muchos más fondos de los que recibe.
Concluido el punto sobre la ya existencia de fondos para la policía metropolitana, con lo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no le quitaría dinero a las demás provincias, sólo cabe pensar que el alboroto armado alrededor de este punto es únicamente debido a que el traspaso sin los fondos dejaría la posibilidad de aumentar las billeteras del Gobierno Nacional para utilizar los recursos destinados desde siempre a la seguridad de los habitantes de la ciudad para quién sabe qué fines, y además deslindarse del problema de la inseguridad que pasaría a ser un problema en gran parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad.

Veamos ahora el tema de lo que dice o deja de decir la Constitución Nacional:

Capítulo Cuarto
Atribuciones del Congreso
Artículo 75- Corresponde al Congreso:
2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación especifica, son coparticipables.
Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.
La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.
La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente, ni reglamentada y será aprobada por las provincias.
No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.
Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en su composición.

El primer párrafo del inciso refiere a la potestad tributaria de la Nación, y no hace al tema en discusión.
El segundo párrafo termina con el gran problema de constitucionalidad que habían planteado las distintas leyes de coparticipación impositiva hasta la reforma del ’94 al ser introducida en la propia Carta Magna, desde la reforma no hay lugar a dudas en cuanto al tema de la constitucionalidad de la Coparticipación Federal, al igual que la forma en que debe crearse, una forma de ley especial “ley convenio”, es decir debe ser aprobada por el congreso y los congresos provinciales para surtir efecto.
El tercer párrafo refiere a la forma de distribución entre la Nación, las provincias y, aquí se la introduce específicamente, la ciudad de Buenos Aires, al tiempo que se describe la forma en que se realizará el reparto del dinero coparticipable, citando como forma de distribución las siguientes: “…en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.” Este punto como se mencionara ut supra ya está legislado en los hechos, de forma precaria por la falta de una nueva ley de coparticipación debido a los continuos fracasos en el Congreso Nacional (que la Constitución en su cláusula transitoria 6ª establecía debía ser aprobada antes de la finalización del año 1996)pero el reparto ya existe, y en él está contemplada la parte que corresponde al Gobierno Nacional, y es el Gobierno Nacional quién mantiene a la Policía Federal, de modo que las provincias no dejarían de percibir nada pues se trata de fondos que hoy por hoy no reciben.
El cuarto párrafo habla de las características especiales que deberá poseer la “Ley Convenio” (La nueva coparticipación federal que debería haberse aprobado hace varios años y que como ha quedado dicho no afecta las partidas de dinero que están afectadas al traspaso de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal al ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para ser válida constitucionalmente.
El quinto párrafo es tan concreto y directo que lleva a pensar sobre el grado extremo de caradurez de quienes desconocen lo que dice. La Constitución Nacional es clara y dice: “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”. En este caso, dado que la transferencia de competencia se produce de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, debería ser aprobada por el Congreso de la Nación, pero sólo será efectiva cuando haga lo propio la Legislatura Porteña. Además la Constitución es clara al referirse a la necesidad de la transferencia de recursos con las competencias, servicios o funciones. Aquí, y hablando vulgarmente, las Provincias no cortan ni pinchan, salvo por el voto de sus senadores (sus representantes constitucionales) al momento de votar la ley del traspaso en el Congreso. No se afectan sus competencias, servicios ni funciones, y mucho menos sus recursos coparticipables pues es un tema entre la Nación que cedería sus fondos competencias, servicios y/o funciones; y la Ciudad de Buenos Aires que los recibiría de parte de aquella.
El último párrafo del inciso 2º del artículo 75 de la constitución Nacional refiere al Organismo que debería crearse, ya sea como uno nuevo o mediante una ampliación de las facultades de la Comisión Federal de Impuestos, y menciona la forma en que deberá estar conformado y su función ahora constitucional.
Como se puede ver de acuerdo a la redacción Constitucional, no es cierto como sostuvo el Ministro del Interior que el párrafo hable de transferencias de competencias, servicios o funciones solo para el caso de transferirse a todos los distritos, de ser así el párrafo quinto se hubiera redactado tal cual se redactó el cuarto párrafo que sí exige un acuerdo unánime y un reparto entre todos los niveles de Gobierno (es decir la Nación, las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires). La redacción del quinto al exigir la aprobación por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso, está dejando en claro que se trata de transferencias entre cualquiera de los niveles de gobierno y en la cantidad que sea, dejando como posible inclusive una transferencia que no involucre a la Nación al pedir la autorización del Congreso “cuando correspondiere”, no habla de unanimidad de las transferencias de competencias, servicios o funciones en ningún momento.Los únicos argumentos en contra de la transferencia de la policía con sus correspondientes fondos deberían ser por un lado la famosa Ley Cafiero, la cual debería ser derogada para realizar el traspaso, y por el otro, como sostiene una de las personas que más sabe de coparticipación como lo es el Doctor Enrique Bulit Goñi (ver artículo “Cooparticipación federal en la reforma constitucional de 1994”, en revista La Ley T. 1995-D Sec. Doctrina), la transferencia de recursos es una exigencia pero no de los recursos, sino solamente de recursos, esto significa que el nuevo titular no necesariamente deba recibir los mismos recursos que tenía el anterior, pueden ser más, los mismos o menos pero debe haber una transferencia que no sea irrisoria, y aquí entra el tema de la necesaria aprobación de la transferencia por parte de quien recibe las competencias, servicios o funciones, si la reasignación fuera irrisoria queda en manos de la Legislatura Porteña no aceptarla, esta es una facultad que le reserva la Constitución Nacional.