CRISIS GOBIERNO – CAMPO

Desde la suba de la alícuota de las retenciones al las exportaciones impulsada por la Administración de Cristina Fernández de Kirchner del 35 % al 44 % la relación entre el Gobierno Federal y el campo se tensó, tensión que llegó a un punto crítico luego del discurso de la primera mandataria el día martes 25 de marzo, discurso por demás soberbio (en el peor sentido de la palabra pues lo que se espera de un mandatario es otra cosa, una intención de acordar; de concertar, como proponía la presidente en la campaña electoral, y no de agredir para sostener una posición tomada. Nada más lejos de la máxima otorgada en el siglo XIII por Juan Sin Tierra a sus subditos, y que lleva siglos de vigencia en el derecho ingles y desde éste en todos los paices desarrollados "No Taxation Without Consensuation" (No hay impuesto sin consenso).
El gobierno sostiene que el sector agrario es “el gran beneficiario” de la política económica sostenida desde la salida de la crisis de fines de 2001, y por ello es justa la suba en las retenciones, aduciendo que con los fondos por ellas recaudado se realizan tareas de “redistribución” y “obra pública”.
Ahora bien, cuando se habla de redistribución de la riqueza existen métodos más directos y eficaces para hacerlo (y esto dando como cierta la lejana posibilidad que la forma de redistribuir argumentada mediante las retenciones por la administración Fernández de Kirchner de resultados), y estos son básicamente los impuestos sobre los bienes personales y a las ganancias (impuestos directos por excelencia y que como tales permiten gravar al sujeto que más tiene no afectando a los sectores de menores ingresos sin tener que crear comisiones de estudio para ver a qué pequeños productores se los subsidia pues se ven injustamente afectados por las retenciones “pensadas para los que obtienen ganancias siderales”) y consecuentemente con la imposición directa se emplea la disminución de impuestos indirectos como el I.V.A. (que afectan en menor forma a los que proporcionalmente menos consumen, es decir los que más ganan puesto que pueden ahorrar mucho más).
Sin embargo esta no parece ser la idea de acción del gobierno (ni lo fue de los anteriores por cierto), se sostiene un tipo de cambio artificialmente alto para permitir la “competitividad” de los productos argentinos en el exterior, pero claro como esto implica una devaluación de los salarios de bolsillo internos se crea una interminable red de subvenciones y barreras a la exportación/importación para mantener los precios internos a niveles más bajos que los internacionales. Este sistema no es la primera vez que se intenta y tampoco es la primera vez que fracasa, el otorgamiento de subsidios a mansalva detrás de problema y no como incentivo a un área de la economía débil o inexistente solo crea negociados entre los beneficiarios y los otorgantes. Así hay sectores beneficiarios y muchos otros más perjudicados por esta política y se trata de tapar los desfasajes con mentiras publicitarias, la mayor de las cuales es el sistema de mediciones del I.N.D.E.C. (aunque teniendo en cuanta que cada punto de inflación equivale a 150.000 argentinos nuevos pobres y 30.000 nuevos indigentes se entiende la insistencia oficial en que el sistema es transparente)
La Constitución Nacional contiene una cláusula llamada del progreso (artículo 75 inc.19), mediante la cual el contituyente “ordena” a los gobernantes que se hagan obras y fomenten industrias, y a nadie le cabe la menor duda que la mejor forma es mediante subsidios e incentivos fiscales pero las políticas de correr detrás del problema como la sostenida por la actual administración tratando de tapar agujeros con subsidios a cada producto que aumenta demasiado comienza a notarse verdaderamente desastrosa.
Volviendo al tema de la redistribución del ingreso podemos arriesgar que el problema verdadero es el siguiente, dado lo dispuesto por el artículo 75 inc. 2 de la Constitución Nacional los impuestos directos son coparticipables salvo el caso de tener asignación específica, (amén de los problemas de la coparticipación federal y los atrasos inconstitucionales en la sanción de la ley definitiva al respecto que exige la Constitución Nacional ya mencionados en otro artículo de esta página.), en tanto que los ingresos de aduana, como lo son los de las retenciones, son exclusivos del gobierno federal por lo dispuesto por el artículo 4º de la Carta Magna. De esta manera el Poder Ejectivo (quien en los últimos años gracias a la también inconstitucional delegación legislativa en materia presupuestaria) los puede repartir a su antojo utilizándolos para “felicitar” o “castigar” a los distintos gobernadores según sean “fieles” o no a sus políticas.En resumen el gobierno sostiene una política económica que según el mismo beneficia desorbitadamente a un sector de la economía en detrimento de los otros, entonces crea impuestos netamente distorsivos para “solucionar” esa desproporción en los beneficios económicos, los cuales crean nuevas situaciones injustas debido a que afectan por igual a mayores y menores beneficiarios, por lo cual luego crea un nuevo sistema de compensación que, como circulo vicioso que se trata, generará nuevos desfasajes en otros sectores de la economía para los que creará nuevos sistemas de compensación. La razón es tan obvia que parece pasar desapercibida, acumular poder político en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional gracias a poseer ya no la billetera más gorda sino la única. La Constitución Nacional da soluciones a los problemas como éste pero como en gran parte de nuestra historia ésta es solo una linda fuente de discursos para campañas publicitarias.